A- de 2021

Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagué y el Cabildo Gobernador de la comunidad indígena Siona Yo’ Corobé de Bajo Santa Helena (Putumayo).

La controversia entre las precitadas autoridades nace en un proceso penal iniciado en contra de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso con el punible de concierto para delinquir, en el grado de coautor y a título de dolo.

En la audiencia de verificación del preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, la defensa pidió la remisión del asunto a la comunidad indígena, argumentado la necesidad de continuar con la investigación y juzgamiento de acuerdo a sus leyes y costumbres.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte declaró que la autoridad que debe tramitar el referido proceso es el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagué, en atención a la ponderación de los factores que integran el fuero indígena.

La regla de decisión aplicada en este caso indica que, la activación de la jurisdicción especial indígena exige la ponderación de los cuatros factores que la integran.

En el desarrollo de este ejercicio se advierte que, a pesar de la acreditación del elemento personal, en este caso concreto, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado comporta una significativa nocividad social para la cultura mayoritaria.

Aunado a ello, el análisis de los demás elementos impone que la competencia se asigne a la jurisdicción ordinaria, ante: (i) el incumplimiento del factor territorial; y (ii) la falta de demostración de un andamiaje institucional que permita garantizar el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas.

En relación con este último aspecto, la Sala entiende que la demostración mínima de la capacidad institucional corresponde a las autoridades de las comunidades indígenas, pues ello implica una expresión de su autonomía.

No obstante, este postulado no puede interpretarse, en medida alguna, en contra de su autonomía ni en oposición al respeto a la diversidad étnica y cultural.

Se ordena la remisión del expediente al precitado despacho para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.